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7 de diciembre de 2014

Opinión: Israel debería reaccionar



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Peter Berkowitz es miembro senior de Hoover  Institution, Stanford University. Sus escritos son publicados en www.PeterBerkowitz.com y se puede seguir en Twitter@BerkowitzPeter.  Fuente: Newsweek//2 de diciembre, 2014.


El verano pasado Hamas lanzó, contra Israel,  otra ronda de guerra. El Estado judío respondió con la “Operación Margen Protector”. Como consecuencia del conflicto militar, de 50 días, actores internacionales  lanzan, contra Israel,  otra ronda de guerra “jurídica”.

Organismos de Naciones Unidas, cortes internacionales y locales, círculos diplomáticos, organizaciones no-gubernamentales y facultades de derecho  europeas y americanas preparan  el próximo ataque a Israel.

En teoría, al pedir cuentas a Israel se busca salvaguardar los derechos humanos, respetar la ley internacional y constreñir la brutalidad inherente a la guerra. En la práctica, eso criminaliza el derecho de Israel a defenderse y abusa de los principios clave del Derecho Internacional. Además, al premiar a Hamas (que comete el doble crimen de militarizar las zonas urbanas en Gaza y apuntar a poblaciones civiles en Israel), la guerra jurídica destinada a Israel incentiva el terrorismo y debilita la capacidad de defensa tanto de e EEUU como de Occidente.

Para defenderse mientras que también refuerza el interés a largo plazo de otras democracias liberales comprometidas en el conflicto contra el terrorismo transnacional, Israel debería emprender un ataque preventivo, tanto en la arena legal como en la corte de opinión pública. Los hechos y la ley están del lado de Israel.

El cuartel de facto para la agresión legal internacional contra Israel está en Ginebra y es  el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sus miembros incluyen a estados autoritarios (tales como China, Cuba, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita). En acciones que solo pueden ser entendidas a través de un prisma orwelliano, ese organismo de Naciones Unidas alaba, como  rutina,  a regímenes como Irán, el estado auspiciante líder en el mundo de terrorismo por sus records de derechos humanos.

El UNHRC autorizó, en 2009,  el injurioso informe Goldstone. A pesar de la falta de pruebas  relevantes, el informe dictó la espuria sentencia que, Israel, cometió crímenes de guerra y  contra la humanidad al adoptar, de modo deliberado en su conflicto entre diciembre de 2008 y enero de 2009 con Hamas,  una estrategia diseñada para aterrorizar a la población palestina de Gaza. En 2011, el Juez Richard Goldstone, líder del equipo de UNHRC, retiró la odiosa acusación. Pero mucho daño ya se había ocasionado a la reputación de Israel en la opinión pública internacional.

El UNHRC está obsesionado con el Estado judío. A pesar que Israel es uno de los 193 estados miembro de Naciones Unidas, y su población de 8.2 millones representa, casi, el 0.1 % de los aproximadamente 7.2 billones de personas en el mundo, UNHRC dedica más atención a la forma de resoluciones  específicas por países y condenas a supuestas violaciones de Israel que lo que hace con cualquier otro país.

Fiel a su estilo, en una resolución del 23 de julio promulgada en medio del combate del último verano, UNHRC proclamó que, Israel, viola  el derecho internacional y autorizó una investigación de esa conducta. La prisa de UNHRC para investigar es, casi, tan odiosa como su premura por el juicio. Eso es porque, el acuerdo de las leyes internacionales de guerra, establece una considerable deferencia en el trato de  acusaciones serias en los crímenes de guerra.

Solo si un estado se muestra incapaz o falto de voluntad para dirigir investigaciones consistentes con el Estado de Derecho, las instituciones internacionales intervienen. Sin embargo, UNHRC no dio a Israel ninguna oportunidad para demostrar su capacidad y voluntad de cumplir con sus obligaciones legales. Cuando UNHRC quiere respeta (sobre un fallo) el principio de deferencia.   En mayo de 2009, un mes después de autorizar, de manera inapropiada,  a la misión Goldstone a investigar un conflicto, en que menos de 1500 gazatíes (incluyendo a combatientes y civiles), resultaron muertos- UNHRC  se negó a lanzar una investigación en Sri Lanka. Informes creíbles de ese momento indicaron que, las fuerzas de gobierno, asesinaron a unos 20.000 civiles Tamil- estimaciones posteriores hablaron de cifras de muertos mayores  en su derrota final de los Tamil Tigers. Sin embargo, la resolución de UNHRC elogió al gobierno de Sri Lanka, destacando su “continuo compromiso” con los Derechos Humanos.

UNHCR expuso su animosidad al designar al canadiense William Schabas para encabezar la actual investigación de Israel. Profesor de Derecho Internacional de la Universidad Middlesex (Londres), Schabas instó al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, en 2012,  a ser  arrastrado hacia  la Corte Penal  Internacional.

Aryeh Neier- director fundador de Human Rights Watch, ex director de ACLU, y presidente emérito de la George Soros´s Open Society Foundation- declaró que “todo juez que, antes, solicitó la acusación del acusado, será recusado”. El profesor de Leyes, Schabas, pretende ser confundido por interés y UNHRC no ve ningún problema.

En apariencia eso es porque,  cuando se trata de Israel, la imparcialidad no es el objetivo. UNHRC se molesta, siquiera,  en intentar parecer imparcial. La profesora de Derecho de Georgetown, Christina Cerna, sugiere que UNHRC elige a Schabas por su sesgo parcial.

El 5 de noviembre, Amnistía Internacional publicó un informe que provee un atisbo de lo que se espera de la comisión Schabas. Su propósito fue “examinar los ataques israelíes  perpetrados a hogares civiles deshabitados, a la luz de las obligaciones de Israel bajo la ley humanitaria internacional, de modo especifico, las reglas de  conducta de las hostilidades”. Concluyó que Israel “fracasó” al  “tomar las precauciones necesarias para evitar el daño excesivo a civiles y a propiedades de civiles”. A pesar que el informe de Amnistía admite que faltaba información sobre las decisiones israelíes, falló al reconocer que, la falta de esos hechos,  invalidaba sus juicios legales.

El Ministerio de RREE de Israel respondió de manera puntual: “El informe ignora los crímenes de guerra perpetrados por Hamas, incluyendo el uso de escudos humanos, así como el  almacenamiento de municiones y disparos hacia centros de población civil israelíes desde el interior de escuelas, hospitales, mezquitas y barrios civiles en Gaza”. Sin embargo, las tácticas censurables de Hamas son relevantes para determinar el nivel de fuerza al que Israel tenía el derecho en su auto-defensa.

En este medioambiente internacional hostil, los expertos israelíes  están preocupados sobre la publicación (marzo, 2015) del informe Schabas. Tanto por la falta de familiaridad con las leyes de guerra internacionales como por la simpatía fuera de lugar de la visión convencional, algunos intelectuales, incluyendo a profesores de Derecho, están tentados a concluir que Israel tiene pocas respuestas legales. Parecen  creer que, Israel, debería aceptar, de manera contrita, los hallazgos fácticos de UNHRC, sus conclusiones legales y recomendaciones prácticas y concentrarse en el control de daño.

No hay opción que  el gobierno de Netanyahu adopte ese enfoque. Ni debería hacerlo. Si lanzar una ofensiva contra la “corte canguro de UNHRC” es otra cuestión.

Aquí hay cinco reclamos  defectuosos que pueden informar a la comisión de Schabas, y los lineamientos de las respuestas que Israel debería afilar para un ataque preventivo, con anticipación, al próximo informe de la comisión.

Las acciones militares de Hamas contra Israel son defensivas porque, a pesar de su retirada en 2005, Israel continúa ocupando la Franja de Gaza. Bajo el derecho internacional, un área es ocupada si fuerzas hostiles ejercen sobre ésta un “control efectivo”;  esto es, tienen las botas en el territorio y desempeñan funciones de gobierno. Dado que no hay soldados israelíes en Gaza y Hamas gobierna Gaza, Israel no la ocupa.

El bloqueo marítimo de Israel a Gaza es ilegal. El informe de la Comisión Palmer de Naciones Unidas, 2011 (que trata de la controversia de la flotilla en 2010) concluyó que dado que Hamas está emprendiendo la guerra- su Carta (1988) declara una guerra de aniquilación contra Israel- Israel tiene el derecho de imponer un bloqueo marítimo como auto-defensa para evitar la importación, hacia Gaza,  de armas y materiales para su producción, siempre que permita cubrir las necesidades humanas básicas de la población civil de Gaza, lo cual Israel hace. De manera similar, el control de Israel de algunas fronteras terrestres de Gaza (Egipto vigila una frontera terrestre) y el espacio aéreo son medidas de legítima defensa bajo las leyes internacionales; que  buscan protegerse contra la agresión armada de Hamas, incluyendo el disparo de morteros, cohetes, misiles y la construcción  y explotación de túneles de ataque transfronterizo.

Israel usó fuerza desproporcionada durante la Operación Margen Protector porque, casi,  2150 palestinos fueron asesinados, en tanto que menos de 75 israelíes resultaron muertos. La proporcionalidad no está determinada por las bajas contabilizadas. Eso requiere que la fuerza usada, para eliminar amenazas militares, no sea excesiva. A principios de este mes, el General Martin Dempsey, presidente del Joint Chiefs of Staff, declaró su opinión que en la Operación Margen Protector, “Israel realizó grandes esfuerzos por limitar el daño colateral y las bajas de civiles”. Dado que, el lanzamiento ilegal de Hamas de miles de cohetes desde zonas civiles les causó la pérdida de su inmunidad, las muertes de civiles palestinos deberían ser, se presume,  entendido como responsabilidad de Hamas.

Israel se equivocó al no cooperar con Goldstone y debería hacerlo con Schabas. Israel rehusó  colaborar  con la investigación de UNHRC (2009) y debería, esta vez,  volver a hacerlo.  Israel es la única nación para la cual UNHRC  exige esas  investigaciones en medio de la batalla. Israel no debería colaborar en la creación de un organismo especial legal vigente sólo para él, en particular teniendo en cuenta el fuerte sesgo de UNHRC.

Los procedimientos legales israelíes para investigar crímenes de  guerra son inadecuados. El sistema israelí se compara, de modo favorable, con los que EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia y otros,  dentro de la familia de las democracias liberales.

Para contrarrestar que, el próximo golpe a su buen nombre, sea colocado por la comisión Schabas, Israel debería continuar con sus propias investigaciones e implementar, como prevención, un estudio  preliminar sobre el conflicto de Gaza - 2014, incluyendo fotografías y videos que documentasen los crímenes de guerra de Hamas e ilustrasen los esfuerzos de Israel para minimizar las bajas de civiles. Los embajadores de Israel deberían explicar los hallazgos del informe en las editoriales de los periódicos líderes europeos y americanos.    Y los embajadores deberían inundar las ondas de radio y apariciones en TV. Que los hechos, la ley y los intereses de la democracia liberal estén del lado de Israel, por sí solo, no aseguraran la victoria. Pero ayuda a reunir al frente interno y ganar el apoyo, decente y razonable, desde el extranjero.

Referencia:Cidipal

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